El Gobierno de Canarias ha anunciado su intención de ampliar la bonificación al combustible a las islas de Lanzarote y Fuerteventura en 2025, una medida que ya está en vigor para las llamadas «islas verdes» (La Palma, La Gomera y El Hierro). El compromiso fue confirmado tras una reunión entre el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y diversas autoridades locales, incluyendo al presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort.
Durante el encuentro, que también contó con la participación del vicepresidente canario, Manuel Domínguez, y el presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa, José Valle, se discutieron los detalles de esta medida que busca aliviar el coste del combustible en las islas orientales. Clavijo expresó su firme compromiso de incluir esta extensión en los próximos presupuestos autonómicos, destacando la importancia de garantizar una mayor equidad en el acceso a recursos y beneficios para todas las islas del archipiélago.
«La ampliación de la bonificación al combustible es una prioridad para asegurar que los residentes y las empresas de Lanzarote y Fuerteventura también puedan beneficiarse de esta ayuda económica, sobre todo en un contexto de crecientes precios energéticos», subrayó el presidente Clavijo. Esta medida será clave para paliar los efectos del coste del transporte, que afecta tanto a los ciudadanos como al tejido empresarial de las islas.
Por su parte, Oswaldo Betancort, presidente del Cabildo de Lanzarote, valoró muy positivamente el anuncio, indicando que “este paso es esencial para mejorar la competitividad y la calidad de vida en Lanzarote y Fuerteventura, islas que hasta ahora no se habían beneficiado de esta bonificación”.
La Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa también respaldó la iniciativa, señalando que será un alivio para los sectores económicos clave, como el turismo y la logística, que dependen en gran medida de los precios del combustible.
Esta extensión de la bonificación se enmarca en el compromiso del Gobierno de Canarias de promover políticas que equilibren las diferencias territoriales dentro del archipiélago, garantizando que los ciudadanos de todas las islas disfruten de condiciones más justas y equitativas. Con este movimiento, el Ejecutivo canario busca contribuir al desarrollo económico de Lanzarote y Fuerteventura, fortaleciendo su resiliencia frente a las fluctuaciones de precios y los desafíos logísticos que enfrentan.
