La emblemática Capilla Luis de Lucena, declarada Bien de Interés Cultural (BIC), ha tenido que cerrar sus puertas al público debido al riesgo estructural que supone el edificio colindante, una antigua gasolinera en ruinas. Este cierre temporal ha generado una creciente polémica entre el Ayuntamiento de Guadalajara y la Junta de Castilla-La Mancha, que se culpan mutuamente por la falta de acción ante el deterioro de la infraestructura.
El origen del cierre: la gasolinera en ruinas
El problema surgió cuando una trabajadora del servicio de Turismo de la ciudad alertó sobre el mal estado de la pared trasera de la antigua gasolinera Diges, ubicada junto a la capilla. Ante esta advertencia, los arquitectos municipales realizaron un informe técnico que desembocó en la orden de cierre temporal de la capilla, firmada por el concejal de Urbanismo, Alfonso Esteban, el pasado viernes.
Una historia de inacción: el expediente de ruina con una década de antigüedad
El conflicto no es nuevo. En 2014, hace ya diez años, el Ayuntamiento de Guadalajara otorgó a los propietarios de la gasolinera una licencia de demolición. Sin embargo, debido a la cercanía de varios edificios catalogados como BIC, incluida la Capilla Luis de Lucena, el consistorio trasladó la decisión a la Junta de Castilla-La Mancha, que entonces autorizó una demolición parcial, preservando la marquesina de hormigón y parte de la vivienda asociada a la gasolinera.
Desde entonces, el Ayuntamiento sostiene que es la Junta quien debe exigir a los propietarios que actúen o intervenir subsidiariamente para completar la demolición. Tanto el concejal Alfonso Esteban como la jefa de Urbanismo, Blanca Causapié, subrayan que la competencia recae en la administración regional, al tratarse de un asunto que afecta a bienes protegidos.
La respuesta de la Junta y el conflicto de competencias
Por su parte, el Gobierno regional discrepa. El delegado de Educación y Cultura, Ángel Fernández-Montes, y la jefa del Servicio de Patrimonio, Teresa Sagardoy, aseguran que la responsabilidad recae en el Ayuntamiento, que fue quien inició el expediente urbanístico y debe ser quien lo concluya, siempre cumpliendo las condiciones de preservación dictadas por la Junta.
El conflicto entre ambas administraciones se intensifica con la posibilidad de que la Junta de Castilla-La Mancha emprenda acciones legales contra el Ayuntamiento de Guadalajara, alegando el incumplimiento del artículo 140.1 de la Ley de Ordenación del Territorio y Actividad Urbanística (LOTAU). Según la Junta, el consistorio otorgó la licencia de demolición sin consultar previamente con el departamento de Cultura, y ahora ha decretado el cierre de la capilla sin comunicarlo oficialmente a la Junta.
El impacto en los ciudadanos: un bien cultural inaccesible
Mientras las administraciones intercambian acusaciones, quienes sufren las consecuencias son los ciudadanos, que no podrán visitar la Capilla Luis de Lucena hasta que la situación se aclare. Este monumento, uno de los más importantes de la capital alcarreña, permanecerá cerrado hasta que se solventen las cuestiones legales y técnicas que rodean la gasolinera en ruinas.
Este enfrentamiento entre instituciones de distinto signo político añade una capa más de complicación a la solución de un problema que lleva décadas sin resolverse, afectando tanto al patrimonio cultural como a los vecinos de la ciudad que ven restringido el acceso a uno de sus monumentos más emblemáticos.
