El esquema de la ‘mafia del diésel’ se ha convertido en una práctica extendida en el país, especialmente desde 2022. Este entramado permite que el precio del combustible sea significativamente más bajo en algunas gasolineras, ofreciendo ahorros de hasta 20 céntimos por litro. Para un consumidor, esto significa que llenar un depósito de 50 litros puede costar entre 10 y 20 euros menos, una diferencia que resulta muy atractiva en tiempos de alta inflación.
Sin embargo, este aparente ahorro esconde una compleja estructura de fraude fiscal y de incumplimientos normativos, que afecta tanto al mercado legal del diésel como a la competencia leal entre operadores.
La estructura del fraude: un entramado internacional
El origen de este fraude se encuentra en la importación de diésel refinado procedente de países con restricciones comerciales, como Siria, Rusia e Irán. Para eludir las sanciones internacionales, el combustible es introducido en Europa a través de intermediarios en Turquía y Marruecos, donde se modifica la procedencia y se presenta como producto de otro país. Esta técnica de “falsa bandera” permite que el diésel entre en el mercado europeo sin los controles adecuados.
Una vez dentro de España, el combustible es distribuido a través de operadores fantasma, empresas que se crean para vender diésel a precios extremadamente bajos y desaparecer en cuestión de meses, eludiendo el pago del IVA y otras obligaciones fiscales. Estos intermediarios, al no cumplir con la normativa, generan una diferencia de precios que puede alcanzar hasta 40 céntimos por litro en comparación con el diésel legal.
El impacto en las gasolineras y en el sector
El fraude está afectando gravemente a las gasolineras que operan de manera legal, obligándolas a competir con estaciones de servicio que compran el diésel a través de estos operadores ilegales. Esta situación ha llevado a la quiebra de muchas gasolineras, que no pueden igualar los precios bajos de sus competidores que recurren a combustible fraudulento.
Según las investigaciones, hasta un 25% del diésel que se vende actualmente en España proviene de este mercado negro. Esto significa que uno de cada cuatro litros de diésel que se repostan en el país está implicado en algún tipo de fraude.
Además, este esquema no solo implica un fraude económico, sino que también genera serios riesgos medioambientales. Parte del diésel ilegal que se distribuye no cumple con los requisitos de inclusión de biocombustibles, lo que lo hace más contaminante y más barato de producir. Esto implica un segundo fraude, relacionado con la normativa de emisiones de CO2, y añade entre 500 y 600 millones de euros a la cifra total del fraude.
Tres pilares del fraude
El esquema de la ‘mafia del diésel’ se sostiene sobre tres grandes áreas de fraude, que en conjunto generan pérdidas por 1.900 millones de euros anuales:
- Fraude del IVA: Los operadores fantasma compran y venden el diésel, cobrando el IVA a los clientes pero sin pagarlo a Hacienda. Este tipo de fraude representa alrededor de 1.200 millones de euros anuales.
- Fraude en biocombustibles: El diésel que se comercializa en España debe contener un porcentaje de biocombustibles para cumplir con la normativa ambiental. Sin embargo, el diésel fraudulento no cumple con este requisito, generando un fraude adicional de entre 500 y 600 millones de euros.
- Fraude del fondo de eficiencia: Las petroleras deben abonar una tasa por la contaminación que generan sus productos. El combustible fraudulento elude este pago, sumando otros 60 a 100 millones de euros al esquema de fraude.
Consecuencias para los consumidores y el mercado
Para los consumidores, el diésel más barato puede parecer una oportunidad de ahorro, pero sus implicaciones a largo plazo son graves. Las gasolineras que operan legalmente están perdiendo competitividad, lo que podría llevar a más cierres y una reducción de la oferta de combustibles en el futuro. Además, la calidad del diésel fraudulento no está garantizada, lo que podría causar problemas mecánicos en los vehículos.
Investigación en marcha
La ONIF, junto con la Agencia Tributaria y otras autoridades fiscales, ha iniciado una amplia investigación para desmantelar esta red de fraude. Hasta el momento, se han enviado más de 400 requerimientos a gasolineras sospechosas de haber comprado diésel ilegal, pidiéndoles que justifiquen sus compras y detallando sus pagos de IVA.
Además, se han identificado varios operadores sospechosos en Madrid, especialmente en zonas como el Paseo de la Castellana y la calle Goya, que parecen haberse convertido en centros neurálgicos de esta actividad ilegal.
Un futuro incierto para el mercado de combustibles
La magnitud del fraude y la dificultad para controlarlo representan un gran desafío para las autoridades fiscales y para el sector del combustible en España. Si bien las investigaciones continúan, desmantelar este entramado no será fácil, dada la capacidad de los operadores fantasma para desaparecer rápidamente y evadir las sanciones.
El fraude del diésel es un reflejo de cómo las prácticas ilegales pueden distorsionar el mercado, afectando a empresas legales, consumidores y al propio Estado, que deja de recaudar miles de millones de euros en impuestos.
